La división de poderes establece que en un gobierno democrático existen tres poderes con iguales capacidades para ejercer sus funciones: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Esto es así debido a que cada uno de ellos debe cumplir diferentes tareas y tiene diversas responsabilidades que no tienen los otros poderes. Al mismo tiempo, surge la noción de que cada uno de los poderes debe regularse pero también debe ser controlado por los otros para evitar abusos.
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